El Concejo Deliberante de Estación General Paz se prepara para aprobar en los próximos días un proyecto de ordenanza impulsado por la Concejal radical Zulma Moyano, que implementa el Sistema de Ficha Limpia en este municipio. La iniciativa, que cuenta con apoyo unánime de todos los bloques legislativos, sería sancionada la próxima semana, estableciendo restricciones para quienes tengan condenas firmes, en línea con la legislación provincial.
Con la aprobación de esta ordenanza, el ex intendente Carlos Borgobello, reconocido kirchnerista, se convertirá en el primer político local en quedar inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos en Estación General Paz. La medida afecta a Borgobello por su condena firme por gestionar y participar en la instalación de radares ilegales en la ruta 9 entre 2007 y 2010, condena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La inhabilitación será definitiva y sin posibilidad de revisión, impidiendo que vuelva a postularse o desempeñar cargos como intendente, concejal, tribuno de cuentas o secretario del Ejecutivo.
En la comunidad, que ya rechaza en su mayoría a Borgobello por su pasado polémico, esta medida es celebrada por la ciudadanía, que ve en ella un paso importante contra la corrupción. La implementación de la Ley de Ficha Limpia en Córdoba desde 2018, que establece la inhabilitación para quienes tengan condenas firmes por delitos graves, refuerza el mensaje en favor de la transparencia y la honestidad en la política.
Actualmente, Borgobello se encuentra alejado de la gestión municipal, trabajando de manera activa en la campaña de Natalia De La Sota en todo el norte cordobés. Sin embargo, en Estación General Paz, la noticia genera satisfacción, ya que consideran que la medida reafirma los valores de honestidad y transparencia que tanto reclaman y que, en su opinión, contrasta con el pasado kirchnerista del ex intendente y su estrecha relación con sectores políticos en los que la corrupción fue moneda corriente.
Este paso en Estación General Paz marca un precedente, alineado con las leyes que buscan impedir que condenados con sentencia firme vuelvan a participar en la política, fortaleciendo la lucha contra la corrupción y promoviendo una gestión más limpia en la provincia de Córdoba.